Las medidas de fomento a la formalidad en el empleo se deben iniciar en las empresas de 1 a 50 trabajadores y en la población joven.
El último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) referido al mercado laboral evidencia que, desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, aproximadamente 1.2 millones de personas dejaron de tener un empleo formal. La cifra es preocupante y revela el grave impacto del COVID-19 sobre el empleo. Vinculado a ello, esta semana el nuevo ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, declaró que su gestión se enfocará en la generación de empleo formal. Un viejo reto que transciende los gobiernos, pero que en la situación actual se torna aún más urgente.
Sería falaz sostener que existe una fórmula perfecta para solucionar esta grave informalidad que, al cierre del primer trimestre del 2021, se elevó al 77% aproximadamente. Sin embargo, consideramos necesario abogar por un empleo formal y decente, y enfocarse en un plan de acción concreto que no deje de lado tres aspectos: (i) identificar correctamente el foco del problema, (ii) ejecutar acciones con un enfoque interdisciplinario; y, (iii) generar verdaderos incentivos para optar por lo formal. Todo esto en el marco del diálogo social dentro del Consejo Nacional del Trabajo.
Con relación al foco del problema, es importante que seamos conscientes de que la tasa de empleo informal más alta se encuentra en las empresas de 1 a 10 trabajadores (85.5%) y de 11 a 50 trabajadores (51.3%). Es ahí precisamente donde deberían centrarse los esfuerzos por capacitar, derribar mitos negativos de la formalización, y explotar las ventajas de esta. Sin duda, educar antes de fiscalizar y sancionar. Además, no debe perderse de vista que hoy los más afectados son los jóvenes (hasta 24 años). La tasa de empleo informal en dicho grupo alcanza el 81.3% al cierre de marzo de 2021, lo que evidencia la necesidad de que las medidas de fomento del empleo formal se inicien, sobre todo, en dicha población.
Respecto del enfoque interdisciplinario, es clave que la informalidad en el empleo deje de ser analizada exclusivamente desde una visión jurídica (normativa laboral). Un cambio de normas difícilmente solucionará el problema (los resultados del régimen laboral especial MYPE así lo corroboran). Es necesario que la informalidad sea abordada desde una perspectiva más amplia. Sería importante una visión interdisciplinaria con sociólogos, educadores, economistas, tributaristas y otros que busquen soluciones tanto para asalariados como independientes informales.
Finalmente, es necesario que existan verdaderos incentivos para optar por lo formal. Ello presupone respetar las reglas de juego, brindar predictibilidad y generar las condiciones para crear más puestos de trabajo formales, incentivando la inversión pública y privada. Sin embargo, consideramos que también va más allá de eso. Implica evaluar la posibilidad de otorgar -al menos, transitoriamente- beneficios tributarios para aquellos que contraten formalmente, acceso a mayor financiamiento, y un ingreso menos oneroso a la seguridad social. Ventajas que el Estado deberá difundir y explicar de una manera sencilla y masiva si realmente deseamos lograr resultados progresivos.
