En dichos casos, el Tribunal refiere como punto de partida que ha existido una vulneración al principio de debida motivación (defecto u omisión de motivación) hecho que vulnera el interés público. En la misma línea, señala que también debe existir en el procedimiento administrativo, respeto a la normativa aplicable al caso y debida valoración de medios de prueba, ya que, de lo contrario, esto repercute negativamente en el sistema de inspecciones y por ende en la tutela de los derechos de las partes involucradas, pudiendo lesionar, derechos fundamentales.

Sin embargo, lamentablemente esta potestad y obligación de declarar nula las resoluciones que contravengan el ordenamiento jurídico no se viene aplicando en todos las instancias o estamentos de la SUNAFIL, ya sea en la autoridad instructora o resolutora. Pese a la existencia de casos evidentes. 

Ejemplos hay muchos, pero traigo a colación, un caso que se desarrolló en Huánuco, donde dicha intendencia multó a un empleador, calculando la multa utilizando como base al número total de trabajadores de la empresa a nivel nacional, cuando la inspección se realizó en una zona geográfica determinada y la norma establece que sólo se debe aplicar la multa en función a trabajadores que corresponden a una determinada zona. Es decir, se multo no por 20 trabajadores que era el número de personas materia de inspección sino por más de 10,000 trabajadores, generándose una multa de 460,000 soles.

Lo anecdótico del caso es que la intendencia (Huánuco) que estaba a cargo del caso se encontraba sólo a 100 metros de distancia del domicilio del administrado. Siendo evidente que tenía la posibilidad de verificar la cantidad de trabajadores de dicho local, que además por su ubicación y tamaño, jamás podría albergar a tal cantidad de trabajadores. Lamentablemente, al no obtener una respuesta adecuada de la administración dicho caso ha tenido que judicializarse.