Las drásticas medidas gubernamentales de restricción sanitaria han sacudido la economía, y con ella el mercado de trabajo. Aunque el impacto es global, las proyecciones locales son críticas. Según el BCR, la caída económica en Perú será la mayor en 100 años, y se reflejará en la reducción del consumo y la inversión, la pérdida del empleo y el crecimiento de la pobreza.
La pandemia y las medidas de restricción han enfrentado a empresas y trabajadores al futuro hoy. Quienes tienen acceso a tecnología se adaptaron rápidamente al trabajo remoto, pero aquellos cuyas actividades requieren presencia física y contacto social afrontan la necesidad de cambios. Por otro lado, las empresas de los sectores educación y salud están sometidas a escrutinio público y sus trabajadores afrontan rutinas avasalladoras y exposición a riesgos que retan a la revaloración de sus trabajos. Y las empresas vinculadas a nuevas formas de organización en la gig economy y las de la economía informal, han visto expuesta la vulnerabilidad de quienes trabajan en estas.
En medio de la incertidumbre y la posibilidad de un rebrote de la pandemia, el gobierno ha iniciado la flexibilización de las medidas de restricción, mientras que las empresas gestionan la caída de sus actividades, su necesidad de restructuración, además de los flujos de ingresos y gastos, en un delicado equilibrio para preservar la continuidad y salud de sus trabajadores.
Asimismo, y a pesar de las estimaciones de recuperación (en el primer trimestre de 2022), esta no deja de ser incierta, y en el camino, la posibilidad de recuperación de remuneraciones y empleos de quienes los han perdido será menor y en condiciones precarias. Esta situación afectará a los grupos más vulnerables como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores menos calificados. Incluso, de regresar a niveles de crecimiento y empleo previos, los efectos de la pandemia serán persistentes. En algunos sectores la transformación tecnológica continuará, nuevas actividades se generarán vinculadas con esta, el cuidado y la capacitación; así como nuevas formas de organización de la producción, el comercio y servicios.
Por su lado, el gobierno debe gestionar políticas para proteger el empleo y reactivar la economía evitando un mayor daño. En un periodo en el que el foco se ha puesto en la regulación, el énfasis debiera ahora orientarse al refuerzo de políticas que aseguren el empleo y la equidad a través de la capacitación, sistemas de búsqueda de empleo, y soporte a pequeñas empresas e independientes.
No se discute la garantía de ingresos y estabilidad para los trabajadores, pero eso solamente es posible con empleo. Las intenciones del gobierno en materia de regulación laboral se verán rebasadas por la realidad, y la mejor manera de enfrentarla es con políticas realistas.
Artículo publicado en diario Gestión.
