A las graves crisis sanitaria y económica que atravesamos por la pandemia de la COVID-19 y las medidas tomadas para controlarla, se ha sumado una grave crisis institucional, potenciada por las acciones de un brevísimo gobierno que muy pronto se evidenció autoritario, así como la precariedad de nuestras instituciones democráticas.
No terminamos de sobreponernos de la brutal represión policial contra los jóvenes que participaban en las manifestaciones contra dicho gobierno, de la muerte de dos de ellos, ni de las idas y vueltas en la elección de la nueva mesa directiva del Congreso que definiría quién asumiría la presidencia de la República, y, de pronto, la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional esquivaba la posibilidad y responsabilidad de dar un contenido preciso al concepto de incapacidad moral permanente como causa de vacancia presidencial, así como de garantizar estabilidad ante la posibilidad de que, con una clase política guiada por intereses particulares, esta historia se repita pronto.
En medio de esta incertidumbre, las cifras oficiales muestran más 35 mil fallecidos por la COVID-19 y cerca de un millón de infectados (que, considerando la tasa de letalidad estimada por la OMS, pueden ser tres veces más); y si bien el empleo se ha recuperado (aunque muy probablemente no en similares condiciones), esto ocurre luego de un tránsito masivo no solo a la desocupación sino a la inactividad, que afecta más a los jóvenes y mujeres. Y la ocupación todavía se encuentra lejos de los niveles previos a la pandemia (más de 20% menos respecto del mismo trimestre en el año anterior).
La importante solución de esta crisis política y los necesarios debates que trae consigo, no deben desplazar la urgencia en solucionar las consecuencias de las crisis sanitaria y económica en el empleo y el nivel de ingresos de las familias. En esta línea, con anterioridad a la vacancia presidencial, el gobierno anterior aprobó e inició la entrega de un segundo subsidio a las familias, el Ministerio de Trabajo dio un nuevo impulso al programa Trabaja Perú con el fin de generar empleo en proyectos de infraestructura para jefes de familia (mujeres y hombres), jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores; y se creó un subsidio a la planilla para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo formales.
Estas iniciativas deben continuar y ejecutarse de manera amplia, efectiva y transparente, para una pronta recuperación del empleo en condiciones adecuadas, sin obstáculos de quienes, desde todo el espectro político, nos llevaron a este punto. De la pronta determinación de responsabilidades sobre los hechos recientes y la implementación de medidas para la solución a problemas urgentes como el empleo, depende hoy la confianza que todavía podamos guardar en nuestras instituciones.
Fuente: Diario Gestión
