Protección social
Jorge Toyama
Socio de Vinatea & Toyama Abogados
Es urgente que el Estado emita medidas de emergencia para reducir el impacto de esta crisis en los trabajadores, sus familias y en las empresas impactadas, muchas de ellas Mypes.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), casi cuatro millones de peruanos (22.5% de la PEA) está siendo impactada directamente por la ola de bloqueos de carreteras, paralizaciones y disturbios, situación que pronto cumplirá dos meses. Estamos ante un impacto incluso más fuerte que en el Covid-19. Protección social
En aquella ocasión, la parte más dura de las restricciones (inmovilización total o toque de queda) duró 30 días e impactó en un 25% de las empresas y aproximadamente en el 20% de peruanos, que no pudo tener ingresos ese mes. Sin embargo, el gobierno durante el Covid-19 otorgó subsidios, préstamos, permitió retiros de las AFP, las CTS, suspensiones laborales, entre otras. En el Covid-19 hubo actividades que inclusive tuvieron mayores ingresos o no sufrieron grave impacto como las relacionadas a la salud, servicios públicos o el sector de alimentos.
Situación actual
Ahora, la situación es más grave pues en las zonas de emergencia y en muchos lugares prácticamente todo está paralizado. Hay zonas donde solo trabajan los hospitales y algunos servicios esenciales, pero mercados, fábricas y transporte de productos de primera necesidad, bancos, etc. están cerrados por temor a los actos de violencia. En estas semanas críticas, donde lamentablemente la pérdida mayor son los compatriotas fallecidos, el impacto es casi total para las actividades económicas. Para el turismo, hoteles, restaurantes y entretenimiento en general, el impacto es demoledor.
También para los agricultores que no pueden vender sus productos, las galerías comerciales y ambulantes, los mototaxistas, trabajadores de minas y sus proveedores grandes y pequeños (como el vendedor de golosinas del paradero o el lavador de autos). Pero el impacto no es sólo en zonas declaradas en emergencia, afecta también a los transportistas atrapados que simplemente no pueden “hacer ruta” y a los choferes de las empresas de transportes de valores (no hay cash) o del transporte de combustible (hay racionamiento en los grifos).
Quizá quienes estén sufriendo algo menos son los trabajadores en planilla, con protección social, pero los informales sufren el impacto mayor. Mientras que la informalidad nacional es de 76,8%, en Puno, Cuzco o Apurímac llega al 90% (INEI). No hay ahorros, CTS o AFP que retirar. No existen vacaciones remuneradas ni adelantadas. La chance para acudir a un préstamo o negociar una reducción de sueldos no existe. Tampoco hay posibilidad de ir a Essalud porque no tienen seguro.
Los trabajadores estables que no pueden laborar han adelantado sus vacaciones o están con licencias compensables, pero ya se están agotando. Y entre un 50% a 60% de trabajadores formales con contratos temporales no han visto renovados sus contratos en las regiones impactadas. Su liquidación de beneficios ya casi se esfumó.
Medidas hasta ahora para la protección social
Si la situación actual continúa, las empresas entrarán a nuevas suspensiones laborales sin goce de haber porque ya tienen casi dos meses cerradas, sin obtener ingresos porque no pueden abrir, no pueden exportar ni importar. Para un grupo importante de empresas, la campaña de navidad fue un desastre. Para otros la campaña escolar podría también caerse. Hay empresas que están por implementar cierres temporales o hasta ceses colectivos: si no logran cerrar sedes, tiendas o unidades de producción, corren el grave riesgo de cerrar a toda la compañía.
A pesar de la situación descrita, el gobierno no ha tomado ninguna medida relevante en materia laboral y de prestaciones sociales. Ni para trabajadores ni para empresas afectadas, abandonadas a su suerte. Por los disturbios y paros, un trabajador despedido no puede acreditar si su cese fue arbitrario, no existe autoridad. Si no existe un conciliador del Estado, una empresa y un sindicato no pueden cerrar una negociación.
En un mes más, la familia de un trabajador no podrá atenderse en el seguro porque se le agotó el período de carencia de su último empleo formal. Sin ingresos ni auxilios, miles de trabajadores se trasladan a zonas donde pueden buscar trabajo. Pero tampoco hay. La agroexportación, que contrata a miles de trabajadores, sufre la violencia y opera parcialmente porque sus productos no pueden ser transportados.
Urgencias en la agenda
Es urgente que el Estado emita medidas de emergencia para reducir el impacto de esta crisis en los trabajadores, sus familias y en las empresas impactadas, muchas de ellas Mypes. Hay un gran abanico de posibilidades: Préstamos sin intereses o a muy bajo costo, postergaciones de pago de impuestos, atenciones en entidades privadas costeadas por el Estado, subsidios de emergencia, suspensiones perfectas con adelantos de beneficios sociales truncos y conservación del seguro, atenciones por el SIS universales, etc.
La situación es crítica. Las salidas políticas y la búsqueda de la seguridad y tranquilidad de los peruanos efectivamente son urgentes, pero no menos prioritarias que la salud, la alimentación y las condiciones mínimas de vida para millones de peruanos que están sufriendo. Sobrevivieron a una pandemia. No hay certeza que pasará esta vez. Un salvataje de protección social es muy urgente señora Presidente, Señores Congresistas.
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