La agenda laboral debe ser necesariamente consensuada y no impuesta. El diálogo tripartito tiene que ser real y no superficial.
En los últimos meses, lo “laboral” ha estado en la agenda, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Los esfuerzos parecen estar concentrados en lo normativo. Se plantean cambios a la tercerización de servicios, negociación colectiva por rama de actividad, laboralización de los servicios ejecutados mediante plataformas digitales, utilidades, incremento de la remuneración mínima vital (RMV)… y un nuevo Código de Trabajo.
Con tantas propuestas, es indispensable priorizar. Ello implica tener una agenda laboral común y de largo plazo -en la que se identifiquen temas de prioridad alta, media y baja- y que esta pueda trascender a cambios ministeriales -a los que nos estamos acostumbrando últimamente- e incluso Gobiernos. Problemas estructurales, como la informalidad, acceso a la seguridad social, trabajo decente, entre otros, requieren un compromiso duradero y sostenible. Por ello, es importante que Estado, trabajadores y empleadores sean quienes conjuntamente definan esa agenda laboral común y sus prioridades.
El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo es el espacio natural para ello, pero es importante que el Gobierno sea consciente de que la agenda debe ser necesariamente consensuada y no impuesta, como parece ser que ocurrirá con temas como el incremento de la RMV y la tercerización, en los que el Gobierno ha señalado que tomará la “batuta”. El diálogo tripartito tiene que ser real y no superficial.
Es clave, además, que las partes prioricen teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos: en plena reactivación económica y en medio de una crisis política y sanitaria sin precedentes. Necesitamos cambios que, en estos momentos, promuevan la formalidad, brinden una real cobertura de salud y pensiones a la población, impulsen la inversión privada y fomenten el trabajo para mujeres y jóvenes (los grupos más golpeados en la pandemia, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo). Estos temas deberían ser parte de la agenda urgente para los siguientes años.
Con ello no descarto que lo normativo sea importante. Solucionar la dispersión normativa con un Código de Trabajo es una tarea pendiente y trascendente. Sin embargo, difícilmente solucionará los problemas de fondo en el corto plazo, sobre todo, si solo se dirige a trabajadores formales (22%). Lo ideal sería buscar consensos para otorgar incentivos que fomenten la formalización inmediatamente, ya sea desde lo tributario (doble deducción, monotributos, inafectaciones temporales, etc.), lo financiero (mayor acceso a créditos) y lo técnico (asistencia estatal). Una orientación y fiscalización de SUNAFIL mejor enfocada -sector informal- también contribuiría mucho.
Finalmente, es importante que, en este ejercicio de priorización, prime siempre lo “técnico” sobre lo ideológico y el ánimo político. Las exposiciones de motivos de muchos proyectos de ley carecen de sustento suficiente y no evalúan con objetividad el impacto de las modificaciones en el empleo. Apuntemos a mejoras laborales sobre la base de evidencia y el respeto a los derechos de trabajadores y empleadores.
