Luis Vinatea Recoba
Socio de Vinatea & Toyama
La iniciativa es interesante. Quizá valga la pena evaluar su ampliación a las grandes empresas, porque ellas suelen ofrecer más oportunidades de aprendizaje.
Como lo acaba de mostrar un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), la informalidad sigue siendo el principal problema del mercado de trabajo peruano, pero este es mucho más serio en el caso de los jóvenes (18 a 29 años).
Según el estudio, cerca de 2,6 millones de jóvenes están en la informalidad. Tal número es el resultado de un incremento de 9,2 por ciento respecto de los niveles anteriores a la pandemia. El incremento es casi el doble del crecimiento de los puestos de trabajos formales de los jóvenes en el sector formal respecto del primer semestre del 2019, lo que ha llevado a que, en términos porcentuales, la informalidad juvenil urbana ascienda al 74.8 por ciento de la PEA y la de los trabajadores adultos, al 64,1 por ciento.
Coincidentemente con lo anterior, el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Congreso de la República un proyecto de ley que plantea subsidiar la contratación de jóvenes para promover el empleo juvenil en el sector privado.
El subsidio está dirigido a empresas de menos de 100 trabajadores, es decir, a parte de la mediana empresa y a las pequeñas empresas, a fin de promover la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años con remuneraciones de hasta 1700 soles mensuales. El proyecto también busca impulsar la contratación indefinida y en particular la de las mujeres. Para ello, plantea subsidios diferenciados de 55 y 45 por ciento por los primeros tres meses de la relación laboral indefinida, tratándose de mujeres o varones, respectivamente, y de 27.5 y 22.5 por ciento de la remuneración mensual, por los siguientes tres meses. Para el caso de las contrataciones temporales, los porcentajes que propone el proyecto son de 45 y 35 por ciento por los primeros tres meses, aplicándose el primer porcentaje a las mujeres y el segundo a los varones. Para los siguientes tres meses, los porcentajes son de 22.5 y 17.5 por ciento, aplicándose el primero para el caso de las mujeres y el segundo para el caso de los varones.
El proyecto excluye del subsidio aquellas empresas que estén involucradas en casos de corrupción, que no tengan registro de contribuyente activo o que estén impedidas de contratar con el Estado o hayan sido sancionadas por la SUNAFIL.
La iniciativa, tal y como está planteada, es muy interesante. Cuando se debata en el Congreso quizá valga la pena evaluar su ampliación a las grandes empresas, porque ellas suelen ofrecer más oportunidades de aprendizaje que las medianas y pequeñas empresas, porque lo ideal sería que los trabajadores no solo accedan a la formalidad, sino que obtengan una mayor capacitación gracias a ella. Podría también pensarse, en ese sentido, en beneficios escalonados como los que se han planteado en función del género y la duración de los contratos. Si no se hace algo así, quizá se pierda una buena oportunidad de mejorar la capacitación y la productividad, que son consecuencias propias de la formalización y parte de lo que se espera con ella.
También llama positivamente la atención que el gobierno haya hecho su propuesta con un proyecto de ley, lo que permitirá un debate y análisis exhaustivo en el Congreso. Esto hay que resaltarlo porque últimamente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha impuesto cambios mediante decretos supremos, invocando problemas de urgente atención para modificar o afectar normas de rango legal, como la Ley de Tercerización y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Quizá este es uno de los efectos de las últimas resoluciones del Indecopi respecto del reglamento de tercerización, que han establecido que es ilegal emitir decretos supremos sin sujetarse al procedimiento establecido, más allá de que el reglamento de tercerización es claramente violatorio de la ley y la Constitución.
Volviendo al problema de la informalidad en los jóvenes, hay que reconocer que una propuesta como la indicada es parte del tipo de medidas en las que hay que pensar para incorporar la mayor cantidad de personas, jóvenes o no, al sector formal.
Las otras son aquellas que flexibilicen la regulación laboral, aquellas que permitan extender el acceso de los informales a la salud y a las pensiones, especialmente para quienes no forman parte de una relación laboral y, finalmente, aquellas que estimulen o mejoren las inversiones. El crecimiento de la economía peruana, según el BCR y varios organismos multilaterales, será menor el 2023 que el del resto de los países de la región, por lo que tal disminución puede desestimular las contrataciones, incluso las de los jóvenes por mucho que estén subsidiadas.
La incorporación de los jóvenes al mercado formal es fundamental porque una vez que ingresan a él, el aprendizaje y el crecimiento son siempre incrementales y esa es la mejor garantía de su permanencia en la formalidad. El Estado debe, por lo tanto, implementar este tipo de iniciativas y profundizarlas con otras complementarias como las dirigidas a promover la inversión privada, para que las propias empresas del sector formal incorporen a la mayor cantidad posible de jóvenes al mercado formal.
