Nuestros socios Luis Vinatea y Jorge Toyama reflexionan sobre la ausencia, en el mensaje presidencial, de propuestas que pongan al empleo formal como una prioridad nacional y de medidas urgentes que eviten que se siga perdiendo empleos.
La pandemia nos ha mostrado que la extrema informalidad, los empleos precarios y la ausencia de protección social mínima son la cruda realidad del país. Y a ella debemos sumar sus consecuencias: suspensiones, ceses colectivos, demora en el pago de beneficios sociales, liquidaciones y cierres de empresas. En solo cuatro meses, la informalidad se ha incrementado al menos en 10% y el empleo formal sólo en Lima se ha reducido en más de 55% entre abril y junio, según el INEI.
Nadie puede decir que enfrentar la crisis desde el gobierno ha sido una tarea fácil, más aún cuando la infraestructura médica del país era pobrísima y porque además hubo que lidiar con iniciativas equivocadas del Congreso que solo entorpecieron la actuación del gobierno, sin contar con una administración pública debilitada, más aún en una pandemia. Pero lo cierto es que, en materia laboral, salvo las normas que han hecho posible el trabajo remoto, las políticas laborales de la cuarentena y las que buscan la reactivación laboral, se han caracterizado por dificultar el libre funcionamiento del mercado de trabajo.
Ejemplo de lo anterior han sido las suspensiones laborales perfectas, que tuvieron tantas trabas que muchas empresas prefirieron liquidarse, unas acudir al cese colectivo y otras simplemente han optado por intentar sobrevivir. Y para complicar aún más las cosas, los subsidios que con ocasión de esas suspensiones correspondía recibir a los trabajadores, aún no están llegando a todos. Una complicadísima situación, por decir lo menos.
Esperábamos un mensaje presidencial que pusiera al empleo formal como una prioridad nacional y plantee medidas para que no se sigan perdiendo empleos y más bien se recuperen. Nada de ello se ha dicho, salvo la iniciativa de reactivar algunas importantes obras de infraestructura que generarán empleo en el mediano plazo, otras medidas de subsidio que ojalá funcionen rápido y lleguen a quienes tienen que llegar y el ofrecimiento de un “aseguramiento universal”, que para ser tal, debe estar realmente financiado y llegar a todos.
No discutimos un ofrecimiento como el del “aseguramiento universal” y menos aún la inversión de S/. 20,000 millones en el sector salud el próximo año, pues la protección social es el mínimo derecho al que toda persona debería acceder. Pero para que los beneficios derivados de ello lleguen a todos, se requiere un sistema integrado de seguridad social que sume la asistencia social con la contribución de empresas y trabajadores y que equilibre lo mejor del Estado con los servicios prestados por las empresas de servicios de salud y pensiones. Pero para ello se debe reactivar el empleo y la producción. Debe tenerse en cuenta que la mitad de la población es subordinada a un empleador y que, por lo tanto, el verdadero desarrollo social no se alcanzará mientras el Estado continúe con iniciativas y políticas asistenciales y se olvide de las políticas productivas y reactivadoras que generen más empleo formal, más allá del ofrecimiento de reactivar necesarios proyectos de infraestructura.
El mensaje presidencial ha tenido un gran vacío en materia laboral y ha dejado en claro que el gobierno no ha delineado, al menos hasta ahora, una política que busque crear empleo formal sostenible y reactive rápido la economía para lograrlo. Solo nos ha dejado una propuesta de “aseguramiento universal”, de la que no estamos muy seguros que podrá implementar. El actual gobierno está de salida, es cierto, pero podría al menos haber sentado las bases de una reforma o anunciado algunas medidas para la creación y conservación del empleo formal con protección social.
